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Sobre pericias caligraficas
 
 
CAUSA Nº 2424/97.“Compañía De Radiocomunicaciones Móviles S.A. C/ Blanco, Ramón Horacio S/ Incumplimiento De Contrato” JUZG. Nº 11 SECR. Nº 21



En Buenos Aires, a los 18 días del mes de noviembre de dos mil tres reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “COMPAÑÍA DE RADIOCOMUNICACIONES MÓVILES S.A. C/ BLANCO, RAMÓN HORACIO S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, respecto de la sentencia de fs.243/245 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía / ser efectuada en el siguiente orden; señores Jueces de Cámara doctores Marina Mariani de Vidal y Eduardo Vocos Conesa.

A la cuestión planteada, la señora Juez de Cámara / doctora MARINA MARIANI DE VIDAL dijo:

I. Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A., invocando haber celebrado con Ramón Horacio Blanco un contrato para la provisión del servicio de radiocomunicación móvil celular, lo demandó por cobro de la suma de $ 7.963,58 –sus intereses y costas, en concepto de facturación impaga por la prestación de aquel servicio.

Resistida la pretensión por el emplazado, la sentencia de fs.243/245 vta. hizo lugar a la demanda y condenó a Ramón Horacio Blanco a pagarle a Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. la suma de $ 7.963,58, con intereses según lo determinado en el Considerando 4º, con más las costas del juicio.

Apeló la actora y expresó agravios a fs.266/270, los que su contraria no contestó (conf. fs.272). Median también recursos por los honorarios regulados, los que serán tratados por la Sala en conjunto al final del acuerdo.

II. Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. (en adelante MOVICOM), como ya dije, promovió este juicio contra Ramón Horacio Blanco por cobro de la facturación impaga del / servicio de radiocomunicación móvil celular (conf. fs.16) que afirmó éste había contratado, afirmación que sustentó en la solicitud de servicio cuya fotocopia luce a fs.15 y que dijo había sido suscripta por Blanco.

El demandado, ya desde el responde y en todo momento a lo largo del proceso, negó haber suscripto la referida solicitud y tachó de apócrifa la firma que se le atribuyó.

El Tribunal, luego de un meditado estudio de las / constancias de la causa, a fin de arribar a la verdad jurídica objetiva y aun cuando la demandada había sido declarada negligente en la producción de la prueba pericial caligráfica que ofreciera (conf. fs.234), dispuso –como medida para mejor proveer que se practicara un peritaje caligráfico sobre la firma inserta en la antes aludida solicitud de servicio por un perito del Cuerpo de Peritos Calígrafos Oficiales (conf. fs.273). Tal decisión fue consentida por las contendientes.

En la experticia de fs.191/192 se arribó a la conclusión, luego de los estudios de rigor, de que “Ramón Horacio / Blanco no ha intervenido en la realización de la firma dubitada que luce en la solicitud de telefonía celular nº 233512”. Las partes guardaron silencio frente al traslado que se les corrió del dictamen pericial. Consecuentemente, corresponde revocar la sentencia apelada y absolver a Ramón Horacio Blanco del reclamo que aquí se le formulara.

La actora también lo ha entendido así, desde que en su presentación de fs.303 sólo requirió que las costas del proceso fueran impuestas en el orden causado, pretensión que resistió el demandado (conf. fs.300).

III. La Sala ha decidido recientemente, en la causa 2339/98 del 22.4.2003 y con el primer voto de mi distinguido y estimado colega Dr. Vocos Conesa, recogiendo conocidos principios, que en materia de costas, el criterio... objetivo no implica una penalidad para el litigante vencido sino que tiene por objeto resarcir al adversario los gastos en que su conducta lo obligó a incurrir para obtener el reconocimiento de sus derechos (confr. causas: 7056 del 5.12.90; 7455 del 22.2.91; / 4323/92 del 23.6.93; 45.926/95 del 24.9.98, entre otras).

Sólo para supuestos de excepción las normas procesales prevén que las costas sean distribuidas por su orden, solución que es aplicable particularmente en casos que presentan situaciones de hecho de significativa complejidad o en temas jurídicos espinosos sobre los que no existe uniformidad jurisprudencial o doctrinaria e, inclusive, en hipótesis novedosas cuya definición provoca seria duda reflexiva, resultando insuficiente para liberar de costas la creencia subjetiva del litigante de que le asistía derecho en la contienda (causa 45.926/ 95 antes citada; confr. O.A. GOZAÍNI, “Costas procesales”, / edit. Ediar, Bs.As.1991, p.79; PALACIOALVARADO VELLOSO, “Código Procesal Civil y Comercial”, t.III, p.98). Es que la razón fundada para litigar debe apoyarse en extremos fácticos o jurídicos que demuestren suficientemente la razonabilidad del derecho sostenido en el pleito (confr. S.C. FASSI y C. YÁÑEZ, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, t.I, p.417).

En este orden de ideas, ha sido escrito que la exención de costas al vencido constituye un supuesto extraordinario que debe ser fundado circunstanciadamente (ver: O.A. GOZAÍNI, op.cit., p.77), justificándose sobre la base de circunstancias objetivas y muy fundadas, que tornan manifiestamente injusta su imposición al perdedor en el caso particular (confr. R.G. LOUTAYF RANEA, “Condena en costas en el proceso civil”, edit. Astrea, Bs.As.1998, ps.75/76 y jurisprudencia citada en notas 162 y 163). Por ello, debe recurrirse a esa solución excepcional / restrictivamente (autor recién cit., op.cit., p.76 y nota 164; MORELLOSOSABERIZONCE, “Códigos Procesales...”, t.IIA, p.52).

Concordemente, la Sala III ha precisado: “La excepción al principio general en materia de costas debe ser interpretada restrictivamente y sobre la base de circunstancias objetivas y fundadas, que demuestren la injusticia de aplicar el mencionado principio. Y ello es así, pues, en caso contrario, se desnaturalizaría el fundamento objetivo del vencimiento para la condena en costas, convirtiendo la excepción en la regla, lo que no es admisible” (véase L.L. 1994C, p.573). Y “precisamente por su condición excepcional y de interpretación restrictiva se ha afirmado, con coherencia, que en la duda corresponde estar al principio general e imponer las costas al vencido” / (confr. MORELLOSOSABERIZONCE, op.y loc.cits.).

Tales consideraciones resultan enteramente aplicables al sub lite.

En efecto, el señor Blanco ha debido transitar este proceso aun cuando desde el primer momento negó que fuera suya la firma obrante en el documento de fs.15 y que se le atribuyera.

La actora prosiguió con los trámites, aun cuando debió llamarle la atención la circunstancia de que hubieran fracasado las notificaciones de la audiencia de mediación y del traslado de la demanda, que fueron cursadas al domicilio consignado en aquella solicitud (Patagones 2776, de esta ciudad).

Fue necesario realizar diversas diligencias a fin de lograr concretar esta última notificación en el domicilio del demandado, sito en la Provincia de Buenos Aires (conf. informes de fs.105 del Registro Nacional de las Personas y de fs.111 de la AFIP). Asimismo, el Registro de la Propiedad Inmueble informó a fs.216/220 que la finca de la calle Patagones 2776 –consignada como domicilio del peticionario en la solicitud de servicio de fs.15 no figuraba inscripta a nombre de Ramón Horacio Blanco sino de Aprinta S.A. Y el Registro Nacional de las Personas informó a fs.212 que le había sido extendido a Blanco un duplicado de su Documento Nacional de Identidad en el año 1990 y un triplicado el 9.1.91, dando así visos de verosimilitud a la versión del demandado relativa a la pérdida del original de aquel documento.

Pero lo que resulta decisivo, a mi entender, es el hecho de que, sin culpa alguna de su parte, Ramón Horacio Blanco fue traído a este juicio y debió realizar gastos para defenderse frente a un reclamo que, a la postre, resultó infundado –como siempre él lo había sostenido.

En tales condiciones, se impone concluir en que la actora debe cargar con las costas de ambas instancias en su calidad de vencida, sin que pueda servirle de disculpa que del peritaje contable de fs.191/192 –practicado sobre la contabilidad de aquélla surja la prestación del servicio y la existencia de la deuda. Menos aun puede eximirla su argumentación de que fue víctima de la negligencia que pretende imputar a fs. 277 vta. al vendedor del servicio, porque el vendedor es un agente suyo cuya actividad está obligada a controlar. Y si no lo hace, por razones de comodidad, rapidez o lo que fuere, omitiendo controlar la veracidad de los datos consignados en las solicitudes, y no adopta mínimos recaudos para asegurarse de la identidad de los solicitantes, únicamente ella debe cargar con las consecuencias de su propia conducta discrecional (arg. art. 1111, Código Civil).

IV. Por todo lo cual, propongo revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda incoada por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. contra Ramón Horacio Blanco.

Costas de ambas instancias a la actora (arts.68, primer párrafo y 279, Código Procesal).

Oportunamente, deberá remitirse la causa a la justicia en lo penal, a fin de que se investigue la posible comisión del delito que surgiría de la falsificación de la firma obrante en la solicitud de fs.15.

Es mi voto.

El señor Juez de Cámara doctor Eduardo Vocos Conesa, por razones análogas a las aducidas por la señora Juez de Cámara doctora Marina Mariani de Vidal, adhiere a las conclusiones de su voto. Con lo que terminó el acto.

Buenos Aires, de noviembre de 2003.

Y VISTOS: por lo que resulta del acuerdo que antecede, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demandada incoada por Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. contra Ramón Horacio Blanco, con costas de ambas instancias a la actora vencida (art.68, primer párrafo, del Código Procesal). / Oportunamente remítase la causa a la justicia en lo penal, a fin de que se investigue la posible comisión del delito que surgiría de la falsificación de la firma obrante en la solicitud de fs.15.

De conformidad con lo establecido en el art.279 del citado Código, teniendo en cuenta la naturaleza ordinaria del proceso, el monto reclamado con más sus intereses desde la notificación de la demanda (confr. plenario “La Territorial de Seguros S.A. c/ STAF”, del 11.9.97), y la extensión, calidad e importancia de los trabajos realizados, así como las etapas cumplidas los letrados del demandado no presentaron alegato, regúlase los honorarios de los doctores Silvio Horacio Zudiker y Manuel Martínez Novo en las sumas de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 1.440) y CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 480) en ese orden, y los correspondientes a los doctores Fernando J. Pimentel y María Eugenia Barreras en las de CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($ 480) y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($ 1.345), respectivamente (arts.6, 7, 9, 10, arg.19, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la 24.432).

En atención al carácter de las cuestiones sobre las que debió expedirse el perito contador Rafael Roberto Bejar Sadis, así como a la entidad de su dictamen, fíjase sus emolumentos en el importe de NOVECIENTOS SESENTA PESOS (art.3º del decretoley 16.638/57).

Por alzada, ponderando el mérito de los escritos presentados y el resultado de la apelación, regúlase los honorarios de los doctores Silvio Horacio Zudiker (por la expresión de agravios) y Manuel Martínez Novo (por su actuación posterior) en las sumas de CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 5.600) y DOSCIENTOS PESOS ($ 200), en el orden citado, y los de los doctores Fernando J. Pimentel y María Eugenia Barreras en las de DOSCIENTOS PESOS ($ 200) y QUINIENTOS PESOS ($ 500), respectivamente (art.14 del arancel y 13 de la ley 24.432).

Déjase constancia de que la tercera vocalía de la Sala se encuentra vacante (art.109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

FDO: MARINA MARIANI DE VIDAL EDUARDO VOCOS CONESA .









ACCIÓN DE AMPARO. Improcedencia. Competencia

contencioso administrativa

Habiéndose concluido que el presente caso es de la competencia contencioso administrativa de este Tribunal, la adecuación a los términos de la ley 11.330 no puede sino indicar que las pretensiones ejercidas por los actores en el marco del recurso de amparo, deben ser adaptadas a los recaudos formales establecidos en el artículo 10 de la mencionada ley 11.330.

CSJSF, 25/03/98; "Bossio, Andrés y otros c/ Prov. de Santa Fe - Amparo- s/ Avocación (Art. 2, Ley 11.330)".











EXCEPCIÓN DE FALSEDAD. Falsedad material. Carga de la prueba. Pericial caligráfica. Falsedad de la firma. Carga de la prueba. JUICIO EJECUTIVO. Excepciones. Carga de la prueba. Pagaré. Cláusula sin protesto. Pagaré a la vista. Prueba de la presentación al pago. PAGARÉ. Cláusula sin protesto. Apertura de la vía ejecutiva. Pagaré a la vista. Prueba de la presentación al pago



1. En los títulos ejecutivos hay un inmanente "principio de autenticidad", y quien accione con sustento en éste tipo de títulos goza de una singular preeminencia procesal; por tal motivo es que se desplaza el eje de la carga de la prueba sobre el ejecutado.





2. Es al excepcionante a quien corresponde cargar con la prueba de la falsedad material alegada.





3. La carga de la prueba sobre la autenticidad de la firma puesta al pie del documento, es propia del excepcionante y no del actor, que, apoyado en la ejecutabilidad del título presupone, necesariamente, el estado normal de autenticidad de la firma que lo suscribe.





4. El medio procesal para probar la adulteración de la firma o del documento es la pericial caligráfica, esta prueba debió ser urgida por el ejecutado, para cumplir acabadamente con la carga procesal que sobre él recae, no siendo suficiente la negativa de la misma tanto en el escrito de excepciones como en la absolución de posiciones.





5. Al promoverse la acción ejecutiva contra el suscriptor del pagaré -obligado directo y principal como el girado aceptante en la letra de cambio- contando el título cambiario con cláusula de dispensa de protesto, la sola exhibición del título posibilita la apertura de la vía ejecutiva. Máxime cuando la actora manifiesta en la demanda que presentó el documento al cobro y precisa en que fecha ello habría ocurrido.

6. Siendo el pagaré un título circulatorio concebido a la vista y con dispensa de protesto, debe considerarse como fecha de su vencimiento lo afirmado por el ejecutante como de cumplimiento de su carga de presentación (art. 35 y 50 decreto-ley 5965/63) sin perjuicio de que el ejecutado pruebe la inexactitud de dicha afirmación.

Juzg. 1ª Inst. de Distrito Civ. y Com. 8ª Nom., Rosario, 10/02/99; "Compañia Financiera S.A. c/ Catarain, Adriana y otros s/ Juicio ejecutivo".


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